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En Guantánamo, convertida en cárcel ignominiosa para sospechosos de terrorismo islamista tras el 11-S, permanecen todavía en un limbo jurídico más de 200 presos, con los que Obama no sabe qué hacer, aparte de los que han sido puestos técnicamente en libertad, a la espera de Gobiernos dispuestos a acogerlos. Washington planea ahora trasladar una parte de ellos a una gran prisión vacía de máxima seguridad, a 300 kilómetros de Chicago. Allí habrá también otros reclusos federales, pero sólo un ala, bajo jurisdicción del Departamento de Defensa, albergará a los sospechosos de terrorismo islamista. La medida requiere la aprobación del Legislativo y promete un acalorado debate parlamentario, que ya calientan los líderes republicanos voceando sus peligros para la seguridad estadounidense.

Nadie en EE UU quiere a los radicales islamistas como vecinos. Por eso el Congreso prohibió este año que los internados en Guantánamo sean llevados a territorio estadounidense salvo para ser procesados. La Casa Blanca prevé que los trasladados a Thomson, se supone que en torno a un centenar, comparezcan lo antes posible ante tribunales militares. Y confía en que la mayoría parlamentaria demócrata pueda cambiar esa ley y echar una mano al atribulado Obama. El cebo de la Administración pone el acento en los numerosos puestos de trabajo que alumbrará la superprisión.

El problema de fondo, sin embargo, permanece intacto. En siete años, ni el Gobierno de EE UU ni sus órganos antiterroristas han sido capaces de fundamentar acusaciones concretas contra la mayoría de los presos que permanecen en la base cubana. Si no se maneja con enorme escrúpulo jurídico, la decisión de la Casa Blanca puede acabar convirtiendo Thomson en un nuevo Guantánamo, pero ahora en suelo estadounidense.