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Brasil, siguiendo tardíamente la estela de Argentina, Chile y Uruguay, ha decidido enfrentarse a los fantasmas de su pasado y asumir abiertamente los crímenes (y sus consecuencias) cometidos por los militares durante la dictadura que atenazó al país entre 1964 y 1985.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciará mañana el inicio de los trabajos para la creación de una Comisión de la Verdad que reconstruya con niveles mínimos de credibilidad la memoria de los muertos, desaparecidos, presos, torturados y exiliados durante los sucesivos regímenes militares.

Sin embargo, es bastante improbable que el Gobierno y la justicia brasileña den por el momento un paso que las víctimas y sus familiares consideran crucial para que la herida pueda cicatrizar algún día: la apertura de causas penales contra los criminales de la represión militar. La dictadura brasileña, que duró más de 20 años, no fue la más letal de Suramérica, pero en términos relativos fue una de las que más torturó, a unas 20.000 personas, según datos oficiales.

El decreto ley que Lula firmará mañana y que da luz verde a este proceso, a cuyo contenido ha accedido EL PAÍS, representa un gesto inequívoco del Gobierno de Brasilia para revertir una política del silencio denunciada desde la llegada de la democracia por los grupos defensores de los derechos humanos y los familiares de las víctimas de la dictadura.

El origen de tanto encubrimiento de información está en la denominada Ley de Amnistía, diseñada por los propios militares en 1979 bajo el Gobierno de João Baptista Figueredo, el último general de una larga saga de dictadores. La Ley de Amnistía permitió el regreso a Brasil de políticos, artistas y demás brasileños exiliados y condenados por crímenes políticos, aunque esto sólo fue el barniz externo de una medida aparentemente aperturista.

La misma ley también abrió la puerta a la absolución de todos los responsables de las torturas, asesinatos y desapariciones durante los años de plomo. En la práctica, fue una ley de tabla rasa, de borrón y cuenta nueva. "Esta ley aseguró que durante la transición se produjese una reconciliación amnésica y que sólo incumbía a las élites del momento. Además, no permitió que el primer Gobierno de la democracia avanzara sustancialmente en el tratamiento de las violaciones de los derechos humanos en términos de verdad, justicia y memoria", explica el politólogo argentino y especialista en violaciones de derechos humanos durante las dictaduras suramericanas, José María Gómez.

Lula anunciará mañana la constitución de un grupo de trabajo formado por representantes de varios ministerios que deberá presentar el próximo mes de abril ante el Congreso brasileño un proyecto de ley para la creación de una Comisión de la Verdad "compuesta de forma plural y suprapartidaria, con mandato y plazos definidos, para examinar las violaciones de los derechos humanos practicadas en el contexto de la represión política".

Según el documento redactado por la Secretaría de Estado de Derechos Humanos, esta comisión se encargará, entre otras funciones, de promover la reconstrucción de las violaciones de derechos humanos, así como de localizar e identificar los restos de cientos de desaparecidos, como los miembros de la guerrilla Araguaia.

En una de las más largas y sangrientas campañas contra la disidencia armada, el Ejército brasileño hizo desaparecer a 70 integrantes del grupo guerrillero Araguaia. Sus familias aún desconocen dónde están los restos mortales.

La Comisión también aportará recomendaciones para procurar que nunca más se produzcan violaciones masivas de derechos humanos en Brasil. Este último punto concentra la quintaesencia de lo que opina el ministro brasileño de Derechos Humanos y férreo defensor de la Comisión de la Verdad, Paulo Vannuchi: Brasil no tendrá autoridad moral para afrontar las violaciones de derechos humanos perpetradas hoy por sus fuerzas policiales hasta que no juzgue a aquellos que torturaron, mataron y borraron el rastro de decenas de miles de personas durante los años de la dictadura. La reflexión viene al caso después de que la organización Human Rights Watch (HRW) denunciara hace algunos días una práctica habitual de las policías de Río de Janeiro y São Paulo, consistente en ejecutar extrajudicialmente a los delincuentes y después eliminar todo tipo de pruebas que puedan esclarecer las circunstancias de los homicidios.

"En Brasil existe una cultura de la impunidad, y la impunidad siempre realimenta la repetición del crimen", comenta a este periódico el ministro de Derechos Humanos. "Y no me refiero sólo a la impunidad del régimen militar. Tenemos una larga historia de esclavitud, y en nuestras escuelas nunca se ha discutido qué pasó durante esos periodos. Este pasado es el responsable de los sentimientos racistas que aun siguen socialmente arraigados. Lo mismo ha sucedido con el genocidio indígena, que entre 1500 y 1988 redujo la población indígena de cinco millones a 250.000 personas. Existe una conexión clara entre la falta de discusión sobre esta violencia del pasado y los problemas que tenemos en el Brasil de hoy", explica Vannuchi.

El propio Gobierno brasileño reconoce que "las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por el Estado durante el régimen dictatorial son desconocidas por la mayoría de la población, en especial por los jóvenes". Según la Secretaría de Derechos Humanos, unas 50.000 personas fueron detenidas durante los primeros meses de la dictadura, unas 20.000 fueron torturadas, y cerca de 400 brasileños murieron o desaparecieron sin dejar rastro. Sin contar con las miles de detenciones no registradas y la cifra "incalculable" de exiliados y refugiados políticos.

Durante los últimos años, Brasil ha dado tímidos pasos hacia el rescate de la verdad sobre estos años de infamia. En el Tribunal Supremo se discute actualmente si la polémica Ley de Amnistía debe mantener la inmunidad de los mandos militares que diseñaron la máquina trituradora de derechos humanos.

El pasado mayo Lula anunció la apertura en Internet de unos exiguos archivos de la dictadura. Pero las tentativas del Gobierno brasileño para arrojar luz han tropezado con el hecho de que en las Fuerzas Armadas aseguran haber destruido los documentos clasificados en su poder, extremo que los grupos de derechos humanos niegan tajantemente.

Los más ponderados en el Gobierno, entre los que se encuentra el ministro Vannuchi, abogan porque se condene a los responsables de la barbarie por crímenes de lesa humanidad. "La Comisión de la Verdad culminará con unos informes que serán de dominio público. Después, la Fiscalía decidirá si procede dar a los delitos un tratamiento penal. Mi opinión es que el delito de tortura no prescribe y que debe ser juzgado. Ahora... mi posición no es la posición del Gobierno en su conjunto", explica Vannuchi, confirmando las diferencias que separan al Ministerio de Justicia del Ministerio de Defensa, este último partidario del borrón y cuenta nueva.

Según una de las investigaciones más fiables de la dictadura brasileña elaborada por la Archidiócesis de São Paulo, 24.000 personas trabajaron en el aparato represivo y 334 en las sesiones de tortura. Pocas tienen hoy nombre y apellido.