Francho Barón- Río de Janeiro - 08/12/2009
Ejecuciones extrajudiciales frecuentes, grupos de extorsión parapoliciales que actúan a su libre albedrío, informes policiales que omiten información o que directamente falsean la realidad, manipulación de los escenarios de los crímenes, ausencia de investigaciones mínimamente creíbles y, como consecuencia de todo lo anterior, impunidad casi total para los policías que incurren en violaciones flagrantes de los derechos humanos más elementales, como el derecho a la vida. Estas son las constataciones a las que llega Human Rights Watch (HRW) en el contundente informe de 122 páginas divulgado hoy que analiza el enquistado problema de la brutalidad policial en las dos mayores capitales brasileñas. La organización denuncia que las autoridades de Río de Janeiro y São Paulo manejan una lógica errónea de que seguridad pública y respeto a los derechos humanos son prioridades enfrentadas.
No son pocos los informes que ya han denunciado anteriormente el mismo fenómeno. En Río todo el mundo asume que los cuerpos de policía que operan en las favelas no suelen andarse con muchas contemplaciones a la hora de combatir la delincuencia: son habituales los disparos a quemarropa, los registros de viviendas sin orden judicial y los interrogatorios en las mismas favelas y en dudosas situaciones de legalidad. HRW suma a todo lo anterior un fenómeno de máxima gravedad: las ejecuciones extrajudiciales y el encubrimiento de esos asesinatos por parte de los propios cuerpos de seguridad.
"En diciembre de 2006 la policía de Río mató a R.A. en un supuesto episodio de auto de resistencia. Los policías alegaron que dispararon en legítima defensa durante un tiroteo contra un grupo de cuatro hombres al cual R.A. pertenecería. Los policías también declararon que R.A no habría muerto in situ y que ellos habrían intentado salvar su vida llevándolo a un hospital. Sin embargo, la madre de la novia de R.A. contó a HRW que vio a la policía disparándole cuando estaba arrodillado y con las manos en alto, rendido e implorando por su vida", relata el informe titulado "Fuerza letal: Violencia policial y seguridad pública en Río de Janeiro y São Paulo".
El término "auto de resistencia" se usa en Río para definir los casos en los que la policía se ve forzada a matar en legítima defensa. En São Paulo la misma figura se denomina "resistencia seguida de muerte". HRW explica en su informe que los cuerpos de seguridad recurren frecuentemente a estos términos para maquillar sus excesos. Según la organización, cuyo informe analiza una serie de 200 casos de abusos policiales desde 2006, existen pruebas sustanciales para afirmar que 51homicidios respondieron a ejecuciones extrajudiciales a manos de la policía. En todos los casos, los testimonios de testigos presenciales y los laudos forenses apuntan inequívocamente a disparos realizados a quemarropa (a una distancia inferior a 50 cm), en muchos casos por la espalda, en la nuca o directamente en la parte posterior de la cabeza. HRW relata un caso en el que ni siquiera consta en los informes policiales el apellido del policía que efectuó los disparos.
"Una práctica muy frecuente es que tras una confrontación la policía rescate a las personas que ya están muertas con el pretexto de darles auxilio. Las trasladan a los hospitales en los propios coches policiales y después dicen que han muerto por el camino. Algunas de esas víctimas llegan al hospital desnudas y con disparos en el cráneo. ¿Cuál es el objetivo real? Destruir las pruebas y las escenas del crimen. Los forenses nos insisten en que éste es uno de los problemas principales para investigar estos excesos", comenta José Miguel Vivanco, Director de HRW para las Américas.
La organización muestra cifras alarmantes. En 2008 la policía de Río mató a 1.137 personas. En diez áreas de la ciudad que se encontraban bajo el control policial los agentes liquidaron a 825 individuos en presuntos "autos de resistencia", mientras que sólo se contabilizaron 12 bajas de efectivos en esos mismos enfrentamientos. Por cada muerte a manos de los policías se produjeron 23 detenciones. HRW extrapola este dato a EEUU: En 2008 la policía norteamericana arrestó a 37.000 personas por cada muerte en enfrentamientos armados.
Según HRW, lo más sangrante es que los agentes responsables de las ejecuciones ilegales en Río y San Pablo raramente responden ante la justicia. Según muestra el informe, la razón principal para explicar que los agentes eludan sistemáticamente cualquier responsabilidad es que la policía se investiga a sí misma. La fiscalía no cuenta con equipos de investigadores independientes y especializados en violencia policial que permitan dilucidar la verdad de estas violaciones.
Durante la última década en Río de Janeiro se registraron 7.800 denuncias contra policías por presuntas conductas criminales. La fiscalía sólo inició 42 procesos judiciales. Sólo cuatro de ellos culminaron en condena.
Para mejorar esta trágica situación, HRW recomienda a las autoridades de Río y São Paulo que los policías informen de las muertes por "auto de resistencia" inmediatamente después de que éstas se hayan producido. Asimismo se subraya la necesidad de aplicar de manera rigurosa un protocolo de actuación policial en los escenarios de los crímenes y poner en marcha equipos de investigadores que diluciden los casos de violaciones de los derechos más básicos por parte de los policías.